Es la respuesta que busca el Poder Ejecutivo después del fallo de la Corte Suprema. La idea es que el Congreso le dé un tratamiento exprés y poder contar con la ley para el 21 de mayo, cuando vence el actual decreto.
Alberto Fernández busca reacción para poder contrarrestar el fallo de la Corte Suprema de Justicia por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. El presidente decidió acelerar y buscará una ley que le dé superpoderes para aplicar medidas para controlar la pandemia en todo el país.
La intención del Gobierno es mandar “lo más rápido posible” un proyecto de ley que le otorgue al mandatario las facultades para tener todo el control de la pandemia, ya que el fallo del máximo tribunal abre una ventana para que las diferentes jurisdicciones puedan acomodarse en relación a los decretos.
La idea del Poder Ejecutivo es poder enviar el proyecto de ley de inmediato para que el Congreso pueda avanzar en su tratamiento y poder aprobarla antes del 21 de mayo, que es cuando termina el actual DNU.
Los tiempos del Congreso, sin embargo, son diferentes a los que tiene el Gobierno. En el senado, Cristina Kirchner tiene una mayoría holgada para hacerlo realidad cuando se decida. Pero, en la Cámara de Diputados, Sergio Massa deberá articular con sectores opositores para lograr su aprobación.
En un comunicado que difundieron este martes desde el Gobierno rechazaron la decisión de la Corte Suprema y afirmaron que acelerarán los tiempos para enviar el proyecto de ley al Congreso.
“La sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día de hoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios”, señala el documento que lleva la firma de Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa de la Nación.
El documento incluye 20 puntos, en los que se indica que sigue vigente el DNU que estableció la suspensión de la presencialidad en las aulas y en los que también se señala que “el Gobierno nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas“.
